Destruir para proteger

empresas_destruccion_documentos

Koro Usarraga, cofundadora, junto con José M.ª Ferrer, de varias empresas de gestión de información confidencial, desliza sobre la mesa del despacho un número considerable de artículos de prensa fotocopiados. Todos ellos tienen grandes titulares en los que se denuncia la aparición en contenedores de basura de ficheros con datos personales (nóminas, formularios, currículos…) propiedad de empresas o de la Administración pública. También hay noticias de sentencias y multas por vulnerar la legislación que obliga a destruir los archivos, en soporte físico o virtual, con documentación reservada. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros. Éstas y otras muchas noticias que ilustran el incumplimiento de la ley orgánica de Protección de Datos, en vigor desde 1999, alentaron el nacimiento de empresas que ofrecen un servicio integral en la destrucción de información confidencial. Compañías constatan el crecimiento de un sector de negocio reciente en España, pero que cuenta con un mercado consolidado en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania.

“En este país falta conciencia de que la destrucción de datos confidenciales es una obligación de ley. Cuesta mucho introducir la idea de que tirar ficheros con datos personales a la basura es un delito”, explica Usarraga. Pese a que el cumplimiento de la ley de protección de datos sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, poco a poco se constata un cambio de conciencia en las empresas españolas. En el caso de la firma catalana, auditorías, aseguradoras, bufetes de abogados, consultorías, organismos oficiales y hospitales conforman su heterogénea clientela.

Aunque también ofrece servicios específicos de recogida o de eliminación in situ de información en computadoras, el proceso convencional de destrucción de información confidencial se inicia en la propia oficina del cliente. En sus dependencias se instalan unos contenedores metálicos –similares a un buzón convencional–, cerrados herméticamente, donde la empresa introduce la información que desea destruir. Periódicamente, personal autorizado recoge los contenedores para proceder a la eliminación del material en la planta de trituración en un periodo de menos de 24 horas. En el caso de la destrucción de los recursos de papel, que diferencia el grosor milimétrico de los restos según el grado de confidencialidad del documento, los residuos son prensados y trasladados a una planta de reciclaje. Los materiales con otro tipo de soporte (CD, cintas de vídeo…) se envían a un centro autorizado de gestión de residuos. El proceso, al que puede asistir personalmente el cliente o ser grabado por cámaras de seguridad, incluye la certificación formal de la destrucción del material.